Nueva ley sanciona explorar hidrocarburos sin permiso

2123Las sanciones se aplican a toda la plataforma marítima argentina

 

El Poder Ejecutivo argentino promulgó la ley 26.915, que aplica sanciones a quienes encarguen o realicen exploraciones de hidrocarburos sin autorización de una autoridad competente en el mar territorial argentino. Un buen modo de cuidar tanto el medioambiente como el patrimonio nacional.

El texto de la ley 26.915 se publicó ayer en el Boletín Oficial, como también el Decreto 2063/13 que la promulga. Allí se definen las sanciones a aplicar a quien encargue o realice exploración en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos sin que haya una autoridad que haya dado el visto bueno para esa tarea.

El artículo 7 de dicha ley establece de 5 a 10 años de prisión, multas por el equivalente entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo crudo WTI e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para efectuar cualquier actividad comercial a quien “sin la autorización correspondiente explore hidrocarburos en el mar territorial o en la plataforma continental”.

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Las sanciones incluyen la suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años, y por el mismo período para participar en concursos o licitaciones estatales. La condena por esos hechos implicará la confiscación de los equipos y materiales empleados en la ejecución de los actos ilícitos y de los hidrocarburos que se hubiesen extraído.

 

Las autoridades argentinas se pusieron firmes con la protección de su subsuelo
Las autoridades argentinas se pusieron firmes con la protección de su subsuelo

Asimismo, se extinguirá todo permiso de exploración o concesión de explotación o de transporte hidrocarburífera o minera, y toda concesión o licencia originada en cualquier tipo de contrato otorgado por el Estado Nacional o provincial, más la caducidad de los beneficios impositivos o previsionales que hubieren sido acordados en beneficio del autor del hecho.

A su vez, el nuevo artículo 8 dispone la pena de prisión para “directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible”, mientras que el artículo 9 modificado señala que cuando esos hechos se hubiesen ejecutado en nombre de una persona ideal, se sancionará a la entidad con multas de 100.000 a 1.000.000 y de 150.000 a 1.500.000 barriles de crudo (WTI), según el tipo de infracción. El artículo 10 modificado, dispone que la competencia para la instrucción y el juzgamiento de los hechos previstos en esta ley corresponde a la Justicia Federal.

Es una buena noticia que el Estado elija proteger tanto los bienes naturales que pertenecen a su suelo como que decida la protección del ecosistema, por encima de intereses de multinacionales y empresas privadas que explotan los suelos persiguiendo su propio lucro.

Fuente Buendiario.com

 

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