Colombia: El petróleo se agota y el fracking tiene enemigos

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Menos de una década es el lapso que estima el país sudamericano para quedarse sin petróleo y, por eso, el gobierno apuesta al fracking.

Pero la implementación de la polémica técnica de fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos ha desatado el rechazo de organizaciones ambientales y gremios académicos por el riesgo que representa para los suelos y las cuencas de agua.

Colombia  es el cuarto productor de la región, con unas reservas que apenas alcanzan los 2.200 MM de barriles de petróleo; comparado con países como Venezuela, con 316.000 MM de barriles, por lo que su panorama energético se ve complicado.

Algunos analistas consideran paradójico que el gobierno colombiano haya definido la industria de los hidrocarburos como pilar de la economía, no sólo por la falta de reservas, sino por las mayúsculas inversiones que deben hacerse para la explotación no convencional, en una época que ha estado caracterizada por la caída sostenida de los precios petroleros.

Pero organismos gubernamentales como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), han dicho que Colombia necesita el fracking aduciendo que el futuro del país está en los yacimientos no convencionales y el off shore. Lo que hay que tener es una regulación ambiental, social y técnica clara y que la economía colombiana no puede seguir viviendo de los yacimientos convencionales.

Pero a estas declaraciones han salido voces en contra como la de expertos ambientalistas, que dicen que dicha actividad podría contaminar las aguas subterráneas con materiales radioactivos, reducir el caudal de los principales afluentes de los que se abastecen las comunidades locales, aumentar la sismicidad inducida, ocasionar problemas a la salud e incrementar la deforestación.

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Para esa afirmación se basan entre otros en estudios como el de 1977 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), que advirtió que el fracking podría tener un efecto nefasto en la calidad y disponibilidad de agua potable.  El informe, que recopiló más de 1.200 fuentes científicas, concluyó que la técnica sí tiene impactos negativos sobre los recursos hídricos.

Según estimaciones del Government Accountability Office (GAO), de EE.UU., se requiere el uso de entre 19 y 46 millones de litros de agua por pozo, y de esa cantidad de recursos acuíferos, apenas puede recuperarse un 15%. El resto, se contamina.

La voracidad de esa técnica de extracción para con las aguas superficiales y subterráneas movió a países como Alemania y Francia a prohibirla. Eso sin contar que su utilización ha significado el aumento sustancial de sismos y terremotos en las zonas donde se practica, lo que ha motivado su restricción expresa en 300 condados de EE.UU.

El año pasado, un estudio de la Universidad Southern Methodist de Dallas, Texas, y el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), demostró que el fracking sería la causa más probable de los 27 terremotos registrados entre diciembre de 2013 y la primavera de 2014, en la población de Azle. Las investigaciones con conclusiones similares son numerosas.

A todo esto hay que agregar que el ministro de Ambiente de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo a comienzos de este año que el país aún no estaba listo para implementar esta técnica: “Así pudiésemos estar en esa línea, debemos tener la capacidad y prepararnos para expedir políticas y hacer gestión ambiental en torno a ese tipo de proyectos porque hoy no la tenemos. Ni siquiera tenemos expertos”.

Y el mismo funcionario esta semana pasada a través de su cuenta de Twitter aseguró que no ha cambiado su posición sobre los yacimientos no convencionales y que está “completamente seguro de que el sector no está listo para este tipo de actividades” y que por eso se está “formulando un plan de alistamiento institucional a cinco años, que permita generar las capacidades técnicas y administrativas necesarias, además de contar con los estudios que se requieren para garantizar la protección del recurso hídrico”.

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El plan, según informó, consiste en un estudio detallado de aguas subterráneas y el desarrollo de un inventario de acuíferos del país, especialmente en la zona del Valle Medio del Magdalena, donde se tienen los ojos puestos.  Un estudio sismológico para definir posibles amenazas y medidas de prevención y mitigación de riesgos; la evaluación ambiental de esa región del Magdalena; la verificación y el registro de los fluidos que serían utilizados en esta tecnología, y el fortalecimiento de la capacidad institucional para vigilar la actividad.

A todo esto el geólogo e investigador de la Corporación Terra, Julio Fierro, pregunta: ¿Dónde están los estudios que llevaron al ministro a cambiar de opinión tan rápido, siendo él la persona que debe proteger la biodiversidad de este país? ¿Dónde está Ecopetrol liderando un programa de transición hacia energías más limpias como lo están haciendo muchas otras empresas petroleras en el mundo?”.

Ya hace un tiempo el geólogo Fierro había afirmado que su país carece de estudios adecuados para determinar los riesgos y que la reglamentación existente se hizo para salir de la urgencia de las licencias de explotación: “Aquí se alteró el orden de esos factores y las consecuencias podrían ser irreversibles”, dijo.

Y agregó que lo preocupante es que “los estudios no existen o no están siquiera en la fase preliminar, y no se sabe cómo está el subsuelo del país ni la tectónica y el levantamiento cordillerano ni la ubicación de las aguas subterráneas que podrían ser afectadas”.

Invocando el Principio de Precaución, precisamente, porque no hay estudios científicos en Colombia que den la tranquilidad de que esta técnica no ocasionará impactos negativos en el medio ambiente, la sociedad y la salud pública, en septiembre del 2014 el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Foro Nacional Ambiental y el Fondo Mundial para la Naturaleza solicitaron una moratoria al uso del fracturamiento hidráulico en el país, con base en ese principio de precaución.

Y saliendo al paso a las declarciones del vicepresidente de Desarrollo y Producción de Ecopetrol, Héctor Manosalva, quien defiende “un piloto controlado para aplicar la tecnología y poder conocer, en una prueba práctica, cuáles son los efectos y si esos mitos y leyendas que hay alrededor de los no convencionales son ciertos”, el abogado Rodrigo Negrete, quien conoce de cerca la ley en esta materia, dijo “esto no es una prueba de ensayo-error, menos con una actividad tan riesgosa, peligrosa y que genera una contaminación adicional como lo es esta”.

Y agregó: “Nosotros no somos Estados Unidos, somos el segundo país más biodiverso del mundo y no tenemos una línea base de lo que ha pasado con la explotación de combustibles convencionales durante los últimos cien años, por ejemplo. El interés económico no puede nunca estar por encima de los derechos fundamentales de los colombianos ni de la autonomía territorial”.

Hasta ahora, el principal argumento a favor del fracking es el aumento de la producción norteamericana. Esa técnica, que ha permitido a EE.UU. extraer más barriles que Arabia Saudita, es la principal responsable de la caída de los precios del crudo y la crisis de los países exportadores aglutinados en la OPEP.

Lo contradictorio es que la misma baja de las cotizaciones hace inviable la sustentabilidad del fracking, especialmente para países como Colombia, donde además es necesario hacer fuertes inversiones para poner esta técnica en producción, y con un precio del crudo por debajo de 60 dólares la sostenibilidad de la inversión para las empresas no se ve viable.